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Ni bien asumió, el Gobierno de Alberto Fernández (AF) ha insistido con un diagnóstico: el país vive una crisis económica, financiera y social muy profunda, por lo tanto lo primero que hay que hacer es aplicar medidas urgentes y excepcionales. La crisis tiene múltiples dimensiones y raíces, pero la deuda externa es el mayor condicionante a corto y mediano plazo. La impronta de un país en emergencia se refuerza con la definición de que una reestructuración beneficiosa con el FMI y los bonistas privados es condición previa y necesaria para tomar cualquier medida más o menos trascendente y también para proponer un plan consistente que posibilite superar la crisis.
En este marco, el nuevo gobierno se ha movido en base a algunas premisas: atender primero a los sectores más golpeados por la debacle causada por las políticas macristas y tomar medidas que ayuden a reactivar la economía, o cuanto menos a parar su caída. Para esto se dio la tarea de captar, con fines redistributivos, parte de los recursos que generan los sectores que más se beneficiaron con dichas políticas y/o que más margen tienen para hacer un mayor aporte.
La línea para salir de la prolongada recesión y afrontar el sobreendeudamiento, contradice así el paradigma de la ortodoxia, que insiste en aplicar un ajuste generalizado en el gasto público para pagar y generar buenas condiciones para que se concreten las inversiones que supuestamente sacarían la situación adelante. Frente a esto la apuesta es reactivar la economía incentivando el consumo popular, abaratando los costos de producción vinculados a la energía y bajando la tasa de interés para facilitar el crédito. A su vez, existe el desafío de hacer esto sin alimentar la inflación.
En otro orden, hay que agregar que, al menos por ahora, el gobierno de AF se basó en la búsqueda de acuerdos y en evitar la confrontación, tanto en el frente interno como en el externo. Algo que se puede notar en la negociación mantenida con la Mesa de Enlace a la hora de elevar un 10% las retenciones a la soja,y en la manera de encarar la negociación con el FMI. Esta última incluye el reconocimiento de la insostenibilidad de la deuda por parte del organismo y una vocación por mantener una política de “responsabilidad fiscal” por parte del propio gobierno.
A continuación resumimos los aspectos más importantes de las medidas más significativas implementadas por el gobierno en estos primeros tres meses. Las mismas pueden ser clasificadas en tres tipos. Las que involucran aspectos impositivos y buscan mejorar la capacidad recaudatoria del Estado, muy menguada en los años previos; las que tuvieron como objetivo generar una mejora en la situación de los sectores sociales más vulnerables y de lxs asalariadxs; las acciones que se orientaron a defender el empleo y apuntalar a los sectores productivos, con especial atención en los pequeñas y medianas empresas.
Como hemos dicho, la definición en torno a la renegociación de deuda es clave para comenzar a discutir el proyecto económico-político del gobierno con más detalle. Hoy en día la deuda del Estado Argentino con acreedores privados y organismos multilaterales se aproxima a los 311 mil millones de dólares, casi un 93% del PBI. Si a esto se suma que el capitalismo global se encuentra en una fase recesiva profunda, que la obtención de dólares a través del comercio será limitada, que el 95% de la economía nacional (incluidas las divisas obtenidas en los diversos sectores de actividad) pertenecen al capital privado y que la desindustrialización y el enriquecimiento de unos pocos grupos concentrados desmejoraron fuertemente la situación del pueblo trabajador, el cuadro de situación es aún más complicado.
De esta cantidad de recursos en dólares tomados en su momento para favorecer la especulación financiera, la fuga de capitales y la campaña electoral de Juntos por el Cambio, más de un tercio (122 mil millones) se adeuda a acreedores privados. Entre ellos los fondos de inversión (especuladores por excelencia) poseen la mayor capacidad de negociación y han sido los que primero mostraron los dientes. Los que poseen el mayor porcentaje de deuda argentina en manos privadas son siete fondos: Black Rock (1268 millones), FIdelity (1226 millones), PIMCO (1040), Northern (776 millones), Alliace Bernstein (677 millones), Ashmore (374 millones). De la deuda contraída con organismos multilaterales, por supuesto, el monto clave lo representan los 44 mil millones del FMI.
Ante este panorama, el Gobierno tomó dos definiciones importantes como premisas para su estrategia de negociación que, sin embargo, no está exenta de tensiones y problemas. En primer lugar, a diferencia del gobierno anterior, el pago de la deuda no debe condicionar la soberanía nacional y las posibilidades de crecimiento económico ni agravar la situación de lxs más necesitadxs. Desde el comienzo, AF destacó la necesidad de una negociación de la deuda que no dé por sentado un ajuste en la economía nacional. Con mayor tenor, Cristina Fernández planteó el debate sobre un “nunca más” de la deuda y una quita por parte del FMI. Claro que esta estrategia requiere afinar qué implica una negociación sin ajuste, qué porcentajes de quita son necesarios para no ahogar al Estado, qué plazo de gracia es coherente con una estrategia de crecimiento de mediano plazo, qué tasas se pueden acordar, quiénes serán las entidades que garanticen la negociación, etc.
La otra premisa de la estrategia, tiene que ver con generar un consenso internacional sobre la prioridad de las necesidades de nuestro pueblo frente a la voracidad de los fondos privados y el disciplinamiento macroeconómico del FMI. Desde la intervención del Papa Francisco (más claramente en contra de un pacto leonino con los acreedores) hasta los gestos de Ángela Merkel (que en cierta medida avaló la posición de una postergación del pago), permitieron fortalecer relativamente la espalda internacional del Gobierno. El FMI, por su parte, si bien rechazó una de las cuestiones de peso que el gobierno argentino planteó en la voz de su vicepresidenta cuando se refirió a la necesidad de aplicar una quita, se declaró a favor de una postergación de pagos y quita de capital con los acreedores privados.
En este marco, ya avanzado marzo y con un sistema capitalista en recesión total, vale preguntarse si esta estrategia -que plantea un monto de deuda a renegociar de casi 70 mil millones de dólares– no queda un tanto desfasada y no se está desaprovechando la posibilidad de una negociación más dura. Por otra parte, ante el eventual rechazo de una propuesta con quita sustancial que no condicione las posibilidades de un desarrollo nacional autónomo que mejore la distribución de ingresos, surge el interrogante acerca de cuál debe ser el paso siguiente. Aquí los costos y beneficios de las alternativas entre una mala negociación (con poca quita y poco período de gracia) y la declaración de un default soberano, no se visualizan con claridad.
La política gubernamental respecto de los bienes naturales tiene desafíos múltiples. Entre ellos, transitar un escenario caracterizado por los cuestionamientos sociales al extractivismo y sus efectos socioambientales y las resistencias de las fracciones dominantes de esas actividades a ceder parte de sus privilegios y beneficios, incrementados en los últimos años.
En este contexto, el tratamiento oficial a la explotación de hidrocarburos y minerales ha sido diferente respecto de lo que se planteó para los productores agropecuarios. Como ya señalamos, las retenciones fueron disminuidas y no incrementadas. A su vez, los funcionarios nombrados en estas áreas encarnan un claro perfil pro mercado y expresan la primacía de un modelo basado en la promoción de las inversiones privadas.
En la Secretaría de Minería de la Nación fue designado el abogado y dirigente peronista Alberto Hensel, que se encontraba desde 2015 al frente de esa cartera en la provincia de San Juan.
En el caso de YPF, el economista Guillermo Nielsen, designado por el nuevo gobierno al frente de su directorio, ha centrado su accionar en mensajes y gestiones que buscan atraer inversiones –nacionales y, particularmente, extranjeras- para la explotación de los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. La apuesta por incrementar la producción en el yacimiento neuquino se choca por ahora con una realidad: más allá de los subsidios y la inversión estatal, el emprendimiento no termina de despegar. Las amenazas de despidos masivos mantienen latente el conflicto sindical. La advertencia empresaria de incrementar los despidos tiene que ver también con el interés de las compañías en la sanción de un nuevo marco regulatorio que consolide y acentúe las ventajas conseguidas durante el macrismo. Sin embargo, la ley de estímulo a Vaca Muerta, promovida por Nielsen y anunciada desde el inicio del gobierno, no se presentó durante las sesiones extraordinarias. Aunque en su discurso del 1° marzo en el Congreso, AF dejó sentado el compromiso de enviar una “ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero que promueva y estimule la inversión nacional e internacional (…) y facilite el desarrollo de la cadena de valor”. En la misma dirección, su afirmación “tenemos que salir del extractivismo” no refirió a la restricción o regulación de estas actividades sino sólo a “desarrollar una cadena de proveedores en torno a los recursos naturales”. Algo que, por un lado, ratifica una visión del sector en tanto factor que puede permitir mejorar la balanza comercial y la provisión de divisas. Y por el otro, evidencia las tensiones que existen al interior del gobierno sobre la política hidrocarburífera.
La cara de la política gubernamental que marca más cambios con la administración anterior es la que remite al proceso de producción, distribución y consumo de la energía. En este campo, tal como lo había anunciado AF en la campaña electoral, se congelaron las tarifas de los servicios públicos, el valor de los peajes, del transporte público y de los combustibles. Esta política constituyó el ancla más importante en la desaceleración de la inflación registrada en los últimos meses. Sin embargo, la contención tarifaria, establecida hasta junio, resulta una medida apenas paliativa sino va acompañada de una revisión estructural del sistema energético. En el cual la gestión privada con escasa regulación tiende a la baja de la inversión y el deterioro del servicio. El debate al interior del Gobierno sobre un esquema de aumentos segmentado o de mínimos progresivos no termina de resolver otro de los desafíos que afronta la política oficial en el sector: la contradicción entre el consumo de los sectores populares y la producción local y la inversión y la rentabilidad de las corporaciones que controlan la producción energética, y que ha sido una de las fracciones más beneficiadas por el gobierno macrista. Ciertamente, el plan gubernamental para el sector hoy aparece dependiente no sólo de cómo concluya la negociación con los bonistas y el FMI sino también de cómo afecte la situación actual de crisis económica global precipitada por la pandemia del coronavirus.
La política que se viene desplegando desde el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad (MMGD) ha sido un elemento innovador y por ende le ha dado una impronta particular al Gobierno del Frente de Todxs. El propio Alberto Fernández viene respaldando en persona la agenda feminista que se despliega desde la cartera que conduce Elizabeth Gómez Alcorta.
Entre las acciones y los hechos más relevantes que hay que remarcar en este caso figuran la capacitación en perspectiva de género y contra la violencia machista realizada en el marco de la Ley Micaela con los funcionarios nacionales (AF participó junto a todos sus ministros, secretarios y subsecretarios de Estado); los Foros Federales Participativos Hacia un Plan Contra las Violencias de Género, a realizarse entre febrero y abril en nueve ciudades; el lanzamiento de la elaboración de un Mapa Federal del Cuidado; y las actividades realizadas en el Centro Cultural Kirchner en la semana previa al Día Internacional de la Mujer, bajo el lema “Nosotras Movemos el Mundo”, que contó con la presencia del presidente Fernández en la inauguración.
Hay que agregar que, tal como describiremos más adelante, la agenda promovida por el movimiento feminista ocupó un lugar importante en el discurso presidencial de inauguración de sesiones en el Congreso el 1° de marzo. Especialmente, el anuncio de que enviará al Parlamento un proyecto para la legalización del aborto.
Hay que recordar que el antecedente próximo de ese anuncio tiene que ver con la actualización del Protocolo del aborto no punible, establecida por el Ministro de Salud Ginés González García a pocos días de haber asumido
En estos primeros tres meses el gobierno de Alberto Fernández se mostró muy activo en el escenario internacional. La visita a Israel y la gira por Europa fueron parte importante de su estrategia para encarar la renegociación de la deuda externa. En el plano latinoamericano la agenda estuvo marcada por la iniciativa respecto del Golpe de Estado en Bolivia, incluyendo el otorgamiento del asilo político a Evo Morales y Álvaro García Linera, la relación con Brasil y la cuestión Venezuela.
Respecto de esto último, el Gobierno optó por mantenerse en el Grupo de Lima, aunque siguió sin reconocer a Juan Guaidó. En palabras del Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, el de Maduro es un gobierno que “nació de la democracia y que después se volvió autoritario, pero ganar o perder se tiene que resolver en las urnas”. Luego de participar en febrero de la reunión del Grupo de Lima en Canadá, desde la Cancillería se evaluó como positiva la declaración final, y se enfatizó que su contenido permite ver la influencia de la postura argentina. En concreto, el texto no usa el término “dictadura”, como en declaraciones anteriores. Y llama a construir una “salida pacífica y democrática” a la crisis que vive el país caribeño. Aunque reclama elecciones presidenciales “justas, libres y creíbles” -lo que pone en cuestión la legitimidad de Maduro-. Por otro lado, hubo contactos con representantes de la Unión Europea para que el Gobierno argentino se sume al Grupo de Contacto y que en 2019 motorizó las negociaciones de Oslo, que tuvieron lugar entre la oposición y el chavismo.
La relación diplomática con Brasil no ha dejado de tener idas y vueltas. No obstante se mantiene entre la prescindencia y la tensión. Sin encuentros oficiales a la vista entre ambos mandatarios, Solá y, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, visitaron a Jair Bolsonaro. Cuando Solá estuvo en Brasilia puso en el centro la crisis económica y el pedido de colaboración para el proceso de negociación de la deuda con el FMI. El gesto del viaje sirvió para empezar a descongelar la relación. En suelo brasileño Massa se reunió también con las autoridades del Parlamento y del Poder Judicial. Fue una señal para compensar la tensión que había generado la negativa de Alberto Fernández a reunirse con Bolsonaro en el marco de la asunción de Luis Lacalle Pou, el 1° de marzo.
Más allá de la diplomacia entre ambos países, con Bolsonaro Brasil se alineó con Washington en el mapa mundial y su agenda para la región tiene muchos puntos contradictorios con la del Gobierno argentino. El Gobierno de Bolsonaro pretende avanzar con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y la flexibilización de las pautas aduaneras de este último. Además, anunció que impulsará su propio candidato para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cosa que va en contra de los intereses del gobierno de AF que está promoviendo a Gustavo Béliz para ese cargo. Otro desacuerdo bien concreto es que Brasil apoya la reelección de Luis Almagro en la OEA.
Las negociaciones salariales de los sindicatos docentes suelen ser una medida importante para cualquier gobierno. Por su magnitud, actúan como referencia para las aspiraciones de otros sectores de trabajadores estatales y, sobre todo, dan señales de los niveles de disposición al conflicto existentes en la sociedad.
El Gobierno se anotó un logro con la vuelta de la paritaria nacional docente. Acordó con los cinco gremios con representación nacional (Ctera, Uda, Cea, Amet y Sadop) un piso salarial de $23000 desde marzo, y 25000 desde julio, además de una suma extraordinaria no remunerativa de 4.840 pesos, a pagar en cuatro cuotas. En un escenario optimista, el aumento planteado, de 13,5%, apenas le empataría a la inflación. Más allá de lo firmado a nivel nacional, la situación en las provincias es realmente diversa.
En la Provincia de Buenos Aires, que representa casi un tercio del sistema, el gobierno logró que empiecen las clases sin medidas de fuerza. Propuso un aumento del 16 % y reabrir la paritaria a mitad de año. El dato aquí fue que la FEB (Federación de Educadores Bonaerenses), el segundo gremio mayoritario detrás de Suteba, rechazó la propuesta, aunque descartó acciones. En la CABA los sindicatos aceptaron la propuesta de Larreta que lleva el salario inicial de $29.000 a $32.800 en marzo y a $35.000 en julio, cuando se convocará de nuevo a negociaciones paritarias. Además el Gobierno de la Ciudad dispuso no descontar los $5.000 que había otorgado el año pasado a cuenta de futuros aumentos.
En Santa Fe, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Jujuy y Entre Ríos los gremios consideraron insuficientes la ofertas salariales y llevaron a cabo paros. Tanto en Tucumán como en Catamarca la intervención de los Ejecutivos provinciales provocó que los gremios den de baja los paros que estaban previstos.
Mientras tanto, más allá de la fecha de inicio, las negociaciones siguieron abiertas en Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, La Pampa, La Rioja, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
La intervención de AF en la Asamblea Legislativa se puede leer como una continuidad de su discurso de asunción y como un momento pensado para reafirmar las orientaciones principales de estos primeros tres meses de gestión, más que como un momento de grandes anuncios. En este sentido, podemos hablar de tres grandes ejes.
El primero, el diagnóstico. Sin extenderse, AF volvió a subrayar la profundidad de la crisis económica y financiera que atraviesa el país. La cuestión de la deuda externa fue ubicada nuevamente como la máxima expresión de esa crisis y su resolución presentada como el tema más urgente de la gestión actual. Tal como viene ocurriendo, el presidente no dio detalles al respecto ni tampoco pudo mostrar demasiados avances. Sí se refirió a la investigación que está realizando el Banco Central. La referencia a la crisis le sirvió de marco para plantear explícitamente que los sectores del agro debían hacer un mayor esfuerzo. Como gesto de no confrontación evitó hacer anuncios que involucraran a esos actores.
En segundo lugar, planteó un balance de lo hecho hasta ahora, sobre todo repasó las medidas contempladas en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (llamada Ley de Emergencia).
El tercer eje estuvo dedicado a los anuncios concretos. AF no presentó ninguna medida económica, aunque sí anunció que enviará al Congreso el proyecto de Ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero, y otro para modificar la ley de economía del conocimiento. Asimismo, adelantó que el Parlamento va a tratar la creación de un Consejo Económico y Social para el Desarrollo. Las más destacadas fueron en definitiva las iniciativas que plantean reformas institucionales y se proponen ampliar derechos: los cambios en la Justicia Federal; el recorte de funciones de los servicios de inteligencia; la creación de una Agencia de Evaluación de Impacto de las Políticas Públicas; la presentación del proyecto para la legalización del aborto (junto con el Plan de los mil días destinado a embarazadas); el lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por razones de Género; el relanzamiento de la Línea Nacional 144 para la atención de situaciones de violencia de género; la ratificación por ley del Convenio N° 190 sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo.
No se puede negar que algunas de las medidas mencionadas tocan intereses importantes o al menos genera contradicciones con grupos de poder (Corporación judicial, servicios de inteligencia, Iglesias). Sin embargo, AF priorizó una vez más por un tono no confrontativo y reafirmó su apuesta por la construcción de acuerdos como elemento estructurador de su gestión. Concretamente, afirmó: “para mi gobierno la concertación no es una acción burocrática sino una convicción de vida”.
En otro orden, el discurso de AF tuvo algunos elementos que hablan de sus concepciones más estratégicas. Retomó las nociones -ya presentes en su discurso del 10 diciembre- de Desarrollo Nacional y, sobre todo, la de “nuevo Contrato de Ciudadanía Social”. En cuanto a este último dejó planteada una agenda para los próximos dos años basada en cuatro puntos: promover las profesiones estratégicas y los trabajos del futuro; atender la agenda urgente del cambio climático; atraer la riqueza argentina que está en el exterior con fines productivos; afianzar instituciones republicanas más transparentes y socialmente eficaces.
Mucho se ha especulado sobre la heterogeneidad del Frente de Todxs y la incertidumbre que supone el segundo plano que le toca jugar a Cristina Fernández (CFK). Aunque el poco tiempo transcurrido llama a no sacar conclusiones muy definitivas, lo cierto es que por ahora el Gobierno se ha mostrado con una agenda unificada y una orientación clara. Y tal como ocurrió en la campaña electoral, Alberto Fernández concentra buena parte de la comunicación pública.
Los debates públicos que involucraron a actores importantes del frente gobernante no llegaron a mayores ni dejaron grandes heridas. Sin embargo, prefiguran cuestiones que pueden ser conflictivas a futuro para la relación de los sectores internos más relevantes. El cruce entre Frederic y Berni demuestra que no va a ser fácil la convivencia en una problemática tan sensible. La discusión sobre la existencia de presos políticos puso en evidencia un tema que no es urgente pero que puede traer consecuencias. Sin ir más lejos, en el Senado está previsto el debate sobre la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy.
Entretanto, el planteo de CFK respecto de que el FMI debería aplicar una quita en su renegociación con Argentina puede ser interpretado como una intervención discordante y también como parte de una división de roles en el marco de una estrategia única. De todos modos adelanta un tema sobre el cual pueden surgir posiciones más o menos diferentes en cuanto se perfile un acuerdo final con los acreedores.
Por otra parte, el Gobierno, con el presidente a la cabeza y también a partir de la iniciativa parlamentaria, se ha dado una política para acercar figuras de espacios políticos que no integran el FDT. Le abrió espacios al lavanismo (Marcos Lavagna quedó al frente del INDEC, Matías Tombolini vicepresidente del Banco Nación) y le otorgó a Ricardo Alfonsín el cargo de Embajador en España.
En cuanto a la principal fuerza de la oposición, el oficialismo ha mostrado una estrategia esperable. Negociar con los dirigentes que tienen responsabilidades de gestión como vía para intentar algunos acuerdos parlamentarios y, en simultáneo, generar contradicciones al interior de la alianza Juntos X el Cambio. Este es un esquema que seguramente se mantenga en el tiempo. De un lado, figuras más dialoguistas -como los gobernadores radicales o el propio Larreta- que en medio de la crisis financiera que atraviesan muchas provincias necesitan tener diálogo con el Gobierno Nacional y buscan despegarse de la figura de Macri para alimentar un vuelo propio. Del otro lado, las figuras de ese espacio que no tienen cargos de gestión y cuyo capital político depende de ser la cara visible de una oposición dura que sigue dependiendo de alimentar la polarización con el kirchnerismo.
En los primeros tres meses de gobierno el frente económico continúa caracterizado por un alto grado de incertidumbre. La situación recesiva a nivel global, agravada por la expansión de la pandemia de Coronavirus, la caída del precio del petróleo y las principales bolsas de valores del mundo, marca un panorama oscuro para estrategias de crecimiento exportador u orientadas “hacia afuera”.
En este difícil contexto global Argentina ha acumulado tensiones durante los años de Cambiemos que muestran sus consecuencias por estos meses. Algunas de ellas fueron tomadas como prioritarias por el gobierno de AF y otras han quedado en suspenso.
En primer lugar, la inflación acumulada durante el último período del gobierno de Macri que superó el 53% anual acentuó la situación de pobreza (mayor al 40%) y profundizó la caída de los salarios reales en la mayoría de los sectores, en particular entre lxs trabajadorxs del sector público que en cuatro años perdieron entre 15% y 35%. Sobre este punto, la política del gobierno se enfocó en una doble estrategia: el congelamiento de precios claves y programas sociales para los sectores de menores recursos. En cuanto a la regulación de precios, el congelamiento de tarifas que frenó el efecto cascada sobre una variedad de manufacturas, además de poner tope a los incrementos directos que pegan en el bolsillo de las mayorías; la extensión del control de capitales que mantuvo a raya el tipo de cambio, precio principal de una variedad insumos y de bienes transables; el sostenimiento de los precios de combustibles que también tiene efectos directos e indirectos; y el relanzamiento de precios cuidados, dan una idea de que efectivamente la desaceleración de la inflación en enero y febrero responde a estas políticas de control en puntos neurálgicos de la formación de precios. De todas maneras, es difícil saber si el impacto mayor sobre los niveles de precios lo tienen estas políticas o bien la continuidad de la recesión que redunda en caídas del consumo.
Este es un segundo punto de peso: por el momento, con la dinámica descrita de crisis global y un mercado interno deprimido por los bajos ingresos del pueblo trabajador, difícilmente la producción se logre revitalizar en la primera mitad del año. En esta dimensión, el Gobierno implementó algunas medidas fiscales y monetarias (sobre todo algunas políticas de crédito) que intentan mejorar las condiciones para los sectores productores de bienes y han permitido los primeros datos positivos en algunos sectores. De todas formas, por el momento aparecen como políticas limitadas para tener un alcance amplio y que puedan operar como una contratendencia en medio de la crisis.
En lo que atañe a la política monetaria y financiera, el Banco Central ha tomado una serie de medidas que permitieron en estos meses reducir la fragilidad financiera y la especulación. Por un lado, la baja en la tasa de interés va en este sentido, a la vez que opera como una forma de aumentar el dinero circulante para favorecer la inversión en capital productivo y el consumo. Por otro lado, el sostenimiento de un estricto control de cambios neutraliza las posibilidades de ataques especulativos sobre el peso como los que tuvieron lugar a lo largo de 2018 y 2019.
Por último, en el frente fiscal las medidas se concentraron en revertir al menos parcialmente la restricción sobre el gasto social que había promovido el FMI en complicidad con el gobierno de Macri. En este sentido, los rubros vinculados a gasto social se incrementaron a través de algunos de los programas mencionados anteriormente, aunque debemos reconocer que debido a la gravedad de la crisis heredada el impacto de estas medidas de incremento del gasto social no resultó muy importante. En cuanto a la política tributaria, el balance es claramente más restringido debido a que sólo se implementaron leves modificaciones sobre retenciones a la exportación de soja para los grandes productores y ciertos cambios en impuestos puntuales (IVA, impuestos a las ganancias de las sociedades).
El 27 de diciembre AF encabezó una reunión con dirigentes sindicales, referentes de movimientos sociales y empresarios donde se firmó un acuerdo multisectorial titulado “Compromiso argentino por el desarrollo y la solidaridad». El objetivo fue una primera puesta en escena del tantas veces anunciado Pacto Social entre los que trabajan, los que producen y el Estado. Esa foto sería un buen indicio de las actitudes que asumieron los distintos sectores del gran empresariado desde la llegada del FDT a la Rosada. Mientras que la UIA y la Cámara Argentina de Comercio asistieron y rubricaron el texto, la Mesa de Enlace fue convocada, pero aunque se mostró de acuerdo en la necesidad de avanzar en el diálogo multisectorial, mediante un comunicado declinó de la invitación por considerar que no se respetaron «los naturales tiempos institucionales».
El gobierno nunca dejó de tener una línea de diálogo con las entidades del Agronegocio, de hecho fueron participaron de algunas instancias del Plan Argentina Contra el Hambre. No obstante con el correr de los meses se cristalizó una divergencia evidente.
En este punto es interesante retomar las repercusiones que generó la presencia de AF en el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), un evento que se desarrolló mientras que la Mesa de Enlace se preparaba para anunciar el lock out de cuatro jornadas.
«El Presidente dijo que necesita el apoyo de los empresarios, y el apoyo está”, aseguró Miguel Acevedo, presidente de la UIA y ejecutivo de Aceitera General Deheza. Respecto de los dichos de AF acerca de que es inexplicable que los precios de los alimentos sigan subiendo, Acevedo se mostró en línea con el mandatario: «es evidente que el Gobierno tiene información de que los alimentos no están bajando lo que deberían haber bajado”.
Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y titular de la Copal, también hizo declaraciones de respaldo: “El presidente vino con un diagnóstico para trabajar en las diferencias y avanzar en un acuerdo en común. Yo comparto esa estrategia”.
Por su parte, el presidente de Adeba, Javier Bolzico, afirmó: «Nos sentimos incluidos en el agradecimiento y el llamado a apoyar la producción, porque venimos acompañando la baja de tasas en estos 90 días».
Más allá de los gestos públicos, la UIA ha mostrado su disposición de participar del acuerdo de precios y salarios promovido por el Gobierno. Aunque sin demasiados avances acudió ya a dos citas en las que también hubo representantes de la CGT.
Como respuesta al aumento de retenciones a la exportación de soja y sus derivados para los mayores productores anunciada el 3 de marzo, la Mesa de Enlace convocó a un paro de actividades por cuatro días, aduciendo que las bases impusieron esa definición. Fue la medida de fuerza más importante contra las políticas del Gobierno desde su asunción.
La propuesta del Gobierno implicó una segmentación que termina beneficiando a los pequeños y medianos productores, quienes van a pagar menos de lo que pagaban antes del 10 de diciembre. Además las retenciones a otros cultivos exportables, no subieron o incluso bajaron. El aumento del 10% solo corre para un 25% de los productores de soja, que concentran casi el 80% de la comercialización. El paro agrario ratifica la postura opositora de las entidades del gran capital agrario y de una base politizada, que no vienen coincidiendo en los modos de accionar y los pasos a dar. Esas entidades y los llamados “autoconvocados” ya se habían declarado en alerta desde el mes de diciembre. El lock out también puso sobre la mesa un escenario que dista de ser homogéneo y previsible.
En suma, el nuevo paro agrario permite sacar varias conclusiones. Primero, existen fracturas por arriba y por abajo. Si el dato fundamental para entender el conflicto de 2008 fue la articulación de intereses y sujetos bien diversos en un bloque unificado, aquí primó una tendencia a la fragmentación que su puede explicar por la estrategia oficial, pero que va más allá. Los resultados electorales del año pasado en la Región Pampeana aportan un insumo interesante. En la Provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos ganó en 46 de los 100 distritos con territorialidad agraria. Medio núcleo sojero de Santa Fe también apoyó a les Fernández. Entre Ríos quedó fuertemente dividida en su interior y La Pampa fue casi toda para el FDT. Sólo Córdoba cuenta como un bastión del voto a JXC. A su vez, la disposición a acompañar una protesta contra el nuevo gobierno entre los sectores que habían oficiado como base movilizada en 2008 ahora se encuentra mediada por la crisis económica actual. Solo por señalar un dato, los asalariados del agro perdieron 30% de su salario real en los años macristas. En la Federación Agraria, por su parte, explotaron las divergencias internas. De hecho su conducción, que estaba a favor de la medida de fuerza, tuvo que dejar “en libertad de acción” a sus afiliados. Segundo, un dato novedoso es la emergencia de una nueva generación de referentes ruralistas, que desafían a las viejas entidades. Su mito de origen conecta con 2008. Con un perfil marcadamente liberal, sostienen un discurso anti-impuestos y anti-intervención estatal. Si bien, postulan una identidad “autoconvocada”, que reniega de la política tradicional, existen fuertes vasos comunicantes con ese mundo. Tercero, el lock-out agrario fracasó como indicador de fuerza y como acción catalizadora de un movimiento social que ponga en problemas al Gobierno. Hay que sumar que el contexto fue realmente adverso. El derrumbe del precio del petróleo y de las bolsas de todo el mundo, junto al avance del coronavirus, acapararon la atención mediática. La Bolsa de Cereales de Rosario se mantuvo operando, y los puertos de Bahía Blanca y Quequén registraron movimientos normales. En ese marco, los “autoconvocados” llamaron a una Asamblea nacional en Expoagro a la que asistieron menos de cien personas y a la que los miembros de la Mesa de Enlace prefirieron no concurrir.
Salvo excepciones muy puntuales, el común denominador de los acuerdos encabezados por los sindicatos más importantes del país ha sido por ahora las sumas fijas para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses y las negociaciones sin grandes sobresaltos. A tono con el mensaje emanado de la Casa Rosada, proliferaron aumentos por suma fija. Este mecanismo genera un alivio, al tiempo que achata la escala de cada sector, pone un tope a la expansión de la masa salarial y pretende morigerar posibles efectos desmedidos sobre los precios. En general, la mayoría de las paritarias se discuten en el segundo trimestre del año, por eso hasta ahora hubo actualizaciones en el marco de los acuerdos firmados en 2019.
Para mencionar apenas algunos casos testigo. La Asociación Bancaria acordó un adelanto a cuenta de la nueva paritaria, que discute en marzo, que va de $4500 a $10.500, según la categoría. Con estas sumas rondará un aumento del 53% en el último año. Empleados de Comercio, por su parte, (el de mayor cantidad de afiliados del país), acordó sumas fijas para los próximos tres meses: $1000 en marzo y abril y $2000 en mayo hasta que se discuta la paritaria 2020. Así el incremento anual para el sector será del 52% para el salario inicial, pero progresivamente menos para el resto. Entretanto, luego de amenazar con medidas de fuerza, Camioneros logró mantener los porcentajes como criterio para definir los aumentos. El gremio de los Moyano cobrará un 16,5% más en febrero y otro 10% en abril. El acuerdo que alcanzará a unos 200 mil choferes significó un incremento anual de 50%. La nueva paritaria se debe negociar en junio.
Para bien o para mal, a mediados de año el escenario económico estará más resuelto y la tensión -entre las centrales y el Gobierno y entre las dirigencias, sus bases y las patronales- puede también aumentar. De hecho, en las últimas semanas desde la CGT se escucharon reparos acerca de una posible continuidad de las sumas fijas y se inclinaron por pisos y techos porcentuales de referencia. Todo con el descontento que causó entre la cúpula del sindicalismo peronista el poco lugar que se le otorgó en los equipos de gobierno como gran telón de fondo.
Por cuarta vez consecutiva se organizó el para el 8 de marzo el Paro Internacional Feminista, una medida que pone en el centro de la agenda la dimensión económica y laboral de las mujeres. Nuevamente miles de mujeres se movilizaron en todo el mundo y, especialmente en América Latina. En Argentina, el movimiento feminista tomó las calles con la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, con un claro enfàsis en la crisis económica que vive el país, la cual impacta significativamente más en las mujeres y lxs niñxs. «La deuda histórica, hoy más que nunca, es la legalización del aborto seguro y gratuito», afirmó el documento que fue leído en el escenario montado frente al Congreso.
Otro de los ejes principales fue el reclamo por la legalización del aborto, a pocos días de que el presidente AF haya anunciado la inminente presentación de un proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo.
A estos dos ejes centrales se sumaron el reclamo de reconocimiento salarial en igualdad de condiciones laborales y la demanda contra los femicidios bajo la consigna «Paren de Matarnos». “Paramos porque sabemos que no hay deuda pública y externa que no se traduzca en deuda doméstica y en ajuste para todes. Paramos porque sabemos que las violencias económicas son el engranaje imprescindible de las violencias machistas”, fue otro de los pasajes del documento leído en el acto de cierre.
Sin dudas, a partir del cambio de gobierno el movimiento feminista afronta una novedad importante que es su nuevo rol en instituciones del Estado. Desde el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad (MMGD) hasta la Dirección Nacional de Economía y Género dependiente del Ministerio de Economía y tantas otras áreas que se han ido abriendo en diferentes esferas del estado (nacional y provinciales). Gestionar y proponer respuestas a las demandas del feminismo desde el Estado parece ser el signo de esta nueva etapa, que se vive con tensiones y disputas hacia el interior del movimiento, compuesto por innumerables organizaciones que representan a todo el arco político. En este contexto, la presentación del proyecto sobre ILE elaborado por el Ejecutivo en conjunto con el MMGD y el Ministerio de Salud, representa un gesto inédito que empalma con la persistencia de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que había hecho lo mismo en 8 oportunidades. Todavía queda por verse, qué formato tendrá el nuevo proyecto y cuánto retoma del elaborado por la Campaña.
Como mencionamos anteriormente, el proyecto del Ejecutivo irá acompañado por “el plan de los 1.000 días” para quienes deseen continuar sus embarazos y estén en una situación de vulnerabilidad. Ha trascendido que ha sido una propuesta que el presidente ha hecho a los sectores más activos del evangelismo y el catolicismo para calmar su campaña anti aborto.
Por ahora también trascendió que la legalización será habilitada hasta la semana 14 de embarazo. El interrogante importante que queda por saberse es el alcance que tendrá la objeción de conciencia, esto es, la posibilidad de que los profesionales de la salud se nieguen a llevar adelante la práctica.
Todo parece indicar que el 2020 será nuevamente el año de los feminismos, con un protagonismo fuerte en el Estado y la elaboración de políticas tendientes a revertir las desigualdades existentes, pero también con presencia callejera y en articulación con otros movimientos populares.
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