El despliegue de la crisis ya es una realidad en todo el mundo. Los pronósticos para las economías centrales, arriesgan cifras de recesión que oscilan entre el 2,5% y el 7%. Para los países de América Latina, estas cifras son mayores dependiendo del organismo que realice la estimación. Argentina se encuentra entre las proyecciones menos favorables sobre todo debido a la tendencia recesiva que venimos atravesando desde hace 3 años a causa de las políticas neoliberales. Entre un 6,5% y un 9% son las tasas a las cuales se espera que caiga el producto de Argentina. Como siempre, estas estimaciones se formulan a través de una variedad de supuestos que, en la incertidumbre generalizada que expone la pandemia, son menos confiables de lo habitual. A pesar de esa “incertidumbre radical” sobre la que transitan las interpretaciones de la crisis global y su efecto en cada país, está claro que asistiremos a varios meses de profundización de los efectos recesivos y que para realizar una comparación muy vívida en la memoria popular, la profundidad de la crisis se asemeja a la situación de 2002.
Lo transitado en estos meses de pandemia muestra que la hipótesis de “la otra pandemia” planteada por el gobierno tiene cierta verosimilitud, puesto que las caídas del producto industrial (que expresa la mayor parte de la demanda de fuerza de trabajo) cayó más en dos años de gobierno neoliberal que en el marco del Coronashock: 14% en 2017-2019 y 13% en los últimos 4 meses. Esta situación muestra a las claras que la complejidad de las tensiones heredadas del nuevo intento neoliberal han tomado ribetes catastróficos debido al desarrollo de los efectos globales del coronavirus.
Veamos algunas de estas tensiones en concreto.
La acumulación de déficits comerciales durante el gobierno de Cambiemos han sido sistemáticos. La economía argentina estuvo funcionando bajo la operación de una restricción externa que tuvo tanto una dimensión comercial (importaciones que se incrementaron fuertemente y exportaciones que crecieron muy poco) como una dimensión financiera (que combinó fuga de capitales privados con pagos de intereses de deuda pública). En este marco, el cierre de los mercados de exportación representó uno de los indicadores clave para entender la recesión a escala nacional. Las exportaciones en julio de este año mostraron una caída del 16% respecto a 2019. El rubro de exportación que más cayó fue, por supuesto, las manufacturas de origen industrial (32%), pero incluso los rubros de bienes agrícolas y manufacturas de origen agropecuario mostraron caídas significativas (8% y 10%, respectivamente).
Estos datos muestran un problema sustancial en la capacidad de Argentina de producir dólares que no provengan del endeudamiento externo y, como es sabido, presenta una limitación constante al crecimiento económico debido a nuestra dinámica de desarrollo dependiente. La contracara de esta caída exportadora es la presión por la devaluación del tipo de cambio, sobre el cual existe una controversia importante. Por un lado, para las visiones pesimistas el dato de peso es que luego del acuerdo con los acreedores en la renegociación de la deuda, se compraron dólares por un monto equivalente a la mitad del superávit comercial. Esto pone por supuesto en tensión las reservas internacionales del Banco Central y la capacidad de sostenimiento del tipo de cambio al nivel actual. Si sumamos a esto las expectativas de devaluación y el lobby consecuente del gran empresariado, esta situación es de una dificultad creciente. Por otro lado, algunos planteos centran su atención en que el balance cambiario de julio mostró un incremento de las reservas internacionales debido sobre todo a la renovación de los “swaps” con China y el incremento del saldo comercial que tuvo lugar entre mayo y julio.
Ambas posiciones tienen elementos ciertos. Sin embargo, el problema de la presión devaluatoria sigue siendo clave debido a que sería el principal impulsor del alza de precios domésticos. Además, el mantenimiento de las reservas brutas en torno a los 50 mil millones se encuentran bajo un ataque permanente debido a la imposibilidad de incentivar el ahorro en pesos frente a la demanda de los 200 dólares permitidos para ahorro personal. Alrededor de 3,9 millones de individuos realizaron compras de dólares durante julio motivados por la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo.
Los efectos más significativos de la situación recesiva tienen que ver con el impacto sobre lxs trabajadorxs. Por un lado, en los primeros meses de la pandemia, la pérdida de empleos formales no tuvo un impacto tan pronunciado. Aproximadamente 226.000 casos de trabajadores y trabajadoras formales han perdido su empleo, en el marco de una recesión como la que transitamos, no representa un impacto tan profundo como el que podríamos esperar. Para el primer trimestre del año, según el INDEC la desocupación superaba el 10% de la población económicamente activa, y es de esperar que los indicadores del segundo trimestre muestren un alza importante. Si analizamos más en detalle dicha tasa de desocupación, podemos ver a las claras dos fenómenos típicamente ocultados por los datos agregados: los jóvenes tienen una tasa de desocupación que casi duplica estos niveles y las mujeres tienen una tasa de desocupación que se encuentra entre dos y tres puntos por encima del promedio. Es así que en el período de la pandemia el desempleo en mujeres jóvenes alcanzó niveles cercanos al 23%.
La contracara del sostenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo en el sector registrado es la reducción de los salarios nominales de la mayor parte de lxs trabajadorxs del sector privado. En acuerdo con una variedad de sindicatos, el recorte temporal de 25% en el salario fue la causa de la caída del salario nominal. La política de ingresos de los ATP permitió así sostener buena parte de los puestos de trabajo, ajustando el costo salarial de las empresas y subsidiando los pagos a través de este programa. La desaceleración de la inflación en los meses que van de la pandemia ayudó a que el deterioro salarial para lxs trabajdorxs del sector privado formal no fuera tan profundo como se esperaba. Sin embargo, para lxs trabajadorxs del sector público y, sobre todo, para el sector informal y de la economía popular el deterioro del poder de compra fue muy significativo.
Otra dimensión clave a tener en cuenta radica en que las suspensiones se mantuvieron en niveles muy elevados tanto en abril, como en mayo y aun no contamos con datos de junio y julio, pero marcan un claro deterioro de las condiciones de trabajo y el mayor riesgo de despido y reducción salarial al que están sujetxs lxs trabajadorxs.
Para el sector informal, lxs trabajadorxs por cuenta propia y de la economía popular, los resultados fueron diametralmente opuestos. La caída de los ingresos casi a cero fue compensada por el programa de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con problemas de implementación y montos que no son suficientes para hacer frente a la caída de los ingresos debido a la imposibilidad de trabajar. Este sector tuvo una caída promedio de los ingresos cercana al 8%.
Asociado a este fenómeno se presenta el proceso de empobrecimiento de hogares y, sobre todo, de niñxs. Se estima para fin de año un 63% de pobreza infantil que está fuertemente determinada por las condiciones de trabajo e ingresos. Es un número que ronda los 8,3 millones de niñxs. Más en detalle, el 90% de los niñxs que viven barrios populares, serán pobres a fin de año. Es claro que la reactivación económica no permitirá por sí misma ninguna forma de derrame frente a una Canasta Básica Total que se ubicó en junio para una familia de cuatro miembros en $43.810.
Frente a esta situación, una alternativa que han adoptado las clases trabajadoras es el endeudamiento familiar. La dinámica del capitalismo financiarizado excluye del mercado de trabajo y, en el mismo movimiento, incluye al circuito del endeudamiento familiar. En el mes de julio el 87% de los hogares cerraron el mes con deudas.
En los meses de la pandemia los precios mayoristas y minoristas se desaceleraron. Los acuerdos de precios y el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y energía fueron clave para este amesetamiento de la inflación. El mes de julio marcó un aumento superior al 3% en precios mayoristas lo cual da la idea que la tensión inflacionaria se mantiene latente, más allá de la desaceleración previa. Sobre todo si tenemos en cuenta que esta tensión en nuestra economía depende crucialmente de algunos precios testigo: el tipo de cambio, el precio de los commodities agropecuarios, el precio del petróleo y las tarifas de servicios públicos. La devaluación del peso o la misma brecha entre el dólar oficial y el paralelo no hace más que alimentar la presión sobre los precios de los bienes transables entre los cuales se encuentran los alimentos y las materias primas para producirlos.
Por su parte, el gobierno autorizó la suba de combustibles que, a raíz del alto peso de este insumo en la matriz energética del país, tendrá efectos en la industria manufacturera y en el costo del transporte de otros bienes y servicios. Aún está por verse si se lleva a cabo el descongelamiento del precio del gas que anunció Matías Kulfas a partir del acuerdo alcanzado con Paolo Rocca (Techint).
El decreto que reconoce como servicios públicos la telefonía celular, el servicio de internet y la televisión por cable, representa un avance significativo en el debate sobre cómo debe regularse el esquema de precios y tarifas y con qué objetivos.
El descanso inflacionario de estos meses con caídas del producto mayores al 5% y del producto industrial del orden del 13% no anulan la inestabilidad radical que poseen los precios en nuestro país, determinada sobre todo por la inserción internacional dependiente al ciclo de acumulación global.
Más allá de los datos negativos, la economía en junio y julio dio signos de recuperación. El sector industrial comenzó a tener un rebote en junio, desde el piso alcanzado en mayo, de 13,8%. Esto resulta prometedor en el marco de las restricciones por el aislamiento obligatorio. Retomando lo que planteamos al inicio, la pandemia del coronavirus y el cierre de las economías fue la estocada final de la crisis que comenzó en 2017 debido a las políticas neoliberales de apertura y desregulaciones. Es de esperar que en los próximos meses la actividad económica alcance los niveles de febrero de este año.
Por tanto el debate más interesante que se plantea es sobre qué pilares puede darse un modelo de crecimiento económico inclusivo, que apunte a resolver la exclusión de casi la mitad de lxs trabajadorxs del mercado laboral, los nuevos niveles de pobreza récord, el desmembramiento del aparato productivo que Cambiemos facilitó en pos de su modelo financiero, entre otras cuestiones. Esto no posee una salida tan clara. Por un lado, la salida devaluatoria con las presiones actuales sobre el mercado cambiario y los precios, puede resultar en un incremento sostenido de precios y una mayor exclusión y desigualdad rápidamente. Más aún si consideramos que los volúmenes de exportación continuarán siendo, por un tiempo, reducidos en relación al promedio histórico y que la división internacional del trabajo no parece acompañar procesos de desarrollo industrial y bienes de alta tecnología para los países de la periferia latinoamericana. Así la “estrategia Kulfas” de desarrollo aparece, al menos, poco realista. Es en buena medida la idea de copiar el modelo del sudeste de Asia de plataformas de exportación. Por otro lado, la apuesta al desarrollo de la industria realmente existente tiene las limitaciones típicas que ha mostrado nuestra economía para lograr saltear los escollos de la necesidad de dólares. La limitada sustitución de importaciones y la hiper-concentración y extranjerización de la industria local, hacen que el rebote no resulte promisorio por sí solo.
Es en este sentido, el debate sobre un modelo nacional soberano y que atienda las necesidades populares requiere, en el marco de incertidumbre radical del coronashock, de una planificación estatal fuerte en vínculo con las producciones de pequeña escala y de la economía popular con el objetivo de formular un nuevo círculo virtuoso de producción-consumo-producción orientado por la satisfacción de las necesidad urgentes de los sectores excluidos.
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