Somos una organización que nuclea a familias de pequeños agricultores y agricultoras, campesinas y comunidades indígenas a lo largo y ancho del país. Representamos a una diversidad de paisajes, de culturas, de identidades, de formas de producir y de relacionarse con el territorio. Representamos a la gente que vive en el campo y que vive del campo. Que elige esta actividad, aunque sea sacrificada, “de sol a sol” como dicen, sin feriados, sin vacaciones, inclusive sin derechos, y aunque muchas veces ni siquiera den los números. Nos organizamos para transformar esta realidad. Para que ser agricultora, ser campesino, vivir en una comunidad del interior, sea valorado como una actividad fundamental, como está siendo en estos momentos de pandemia: nada más y nada menos que garantizar la alimentación de nuestro pueblo. Con nuestro trabajo alimentamos al pueblo.
Algunos dirán que no tenemos nada que ver con una empresa de capitales nacionales y extranjeros que cotiza en bolsa y se dedica al comercio exterior, que tiene una diversidad de carteras en el rubro agropecuario, deudas millonarias y millares de empleados. Pues sí, la discusión en torno a la expropiación de Vicentín nos toca de lleno.
Nos toca de lleno porque detrás de esta acción, o más bien de esta intención, se encuentra una discusión fundamental sobre el modelo agropecuario, y sobre el rol del Estado para impulsar determinadas formas de desarrollo del mundo rural. En las últimas décadas nos han hecho creer, y se ha instalado la idea, de que la pampa húmeda, “el granero del mundo”, era como un campo aparte. Y en parte lo fue. Un campo sin agricultores. Un campo sin pueblos rurales. Un campo sin diversidad. Un campo atravesado únicamente por la inundación y la sequía, por los aviones fumigadores. Un campo que planta poroto de soja y cosecha dólares. Pero la pampa húmeda no está afuera del campo que produce alimentos, nunca estará. Lo que está en discusión es un tema de prioridades. ¿Qué intereses defiende el Estado en materia agropecuaria? ¿Cuáles son las prioridades para el desarrollo rural?
Desde los años ’90 la Argentina se configuró como un laboratorio de experimentación en materia de nuevas tecnologías: siembra directa, semillas transgénicas, herbicidas, fertilizantes. Un paquete tecnológico que, impulsado también por políticas locales, impuso a grandes jugadores de la economía mundial como protagonistas del sector agropecuario argentino: Cargil, Bunge, Bayer, Monsanto son algunos de sus nombres propios. Basta sólo escuchar una radio AM en el interior del país, o transitar las rutas de la pampa argentina. Allí están, son los auspiciantes. Y son también los grandes ganadores. El liberalismo económico, “dejar hacer”, ha llevado a conformar un sector agroalimentario sumamente concentrado. Estas tecnologías “de punta” están diseñadas (y son rentables) para explotaciones de gran escala. La especulación en torno a la exportación de commodities, fundamentalmente la soja, y sus enormes rendimientos, han generado un aumento en el valor inmobiliario que derivó en la expulsión de los productores del campo. Cuando es más rentable poner el campo en alquiler que producirlo, ya no hay mucho más que hablar. Los números hablan por sí solos: en los últimos 20 años, según los censos agropecuarios, se perdieron 250.000 establecimientos productivos, favoreciendo la concentración.
En Argentina, tres cuartos de la superficie productiva está en manos del 11% de los productores, en explotaciones de extensiones latifundiarias. Se trata de un claro retroceso de la agricultura familiar y de la diversificación productiva que caracterizó a la matriz agraria en otros períodos históricos. Actualmente unas pocas semillas oleaginosas y cereales como trigo, maíz y cebada explican más del 50% de las exportaciones agrícolas y de la superficie de cultivo. El mayor exponente de este fenómeno son los pooles de siembra, los fideicomisos, y la producción agroindustrial orientada a la producción de commodities de exportación, sin agregado de valor. Mercancías que entran en un juego de especulación financiera que poco tiene ya que ver con la producción de alimentos sanos y accesibles para el pueblo.
Este modelo de agronegocios (“agribussiness” le llaman algunos) es el imperante en la producción agroindustrial, y fundamentalmente en la producción de alimentos tanto para la exportación como para el mercado interno. Halliburton en “Radiografía de las corporaciones”, afirma que “en relación al sector alimentos y bebidas en su conjunto, apenas el 1,5% del total de firmas que operan en el mercado concentran el 80% de la facturación del sector, el 93% de las exportaciones y menos del 1% del total de compañías representan el 63% de la facturación de las ventas minoristas” (2015, p. 32). Se trata de uno de los sectores más concentrados de la economía, y Vicentín es una de las empresas líder en esa materia. Ocupa un sector considerable del comercio exterior y también de la producción para el mercado local, abarcando no sólo la gestión de uno de los puertos sobre el río Paraná sino también un conglomerado empresarial dedicado a la producción de biodiesel, fertilizantes, algodón, carne y lácteos, entre otras. Vicentín es una de las empresas que se encuentra en la punta de esta cadena, y que es responsable, además, de la formación de precios en nuestro país. La inflación ha sido uno de los principales karmas de las últimas décadas para la sociedad argentina en su conjunto, y mientras los salarios se desvalorizan, los alimentos se pagan a precio dólar. Paradojas de la revolución verde: un país agroexportador, un pueblo con hambre. Tal vez sea necesario pensar otro tipo de esquema.
Buenos Aires:Organizaciones sociales, sindicales y trabajadores del Frigorífico Penta, llevan a cabo una jornada de lucha y difusión, en la rotonda de Pasco, partido de Quilmes, en favor de la expropiación e intervención de Vicentin. Foto: Carlos Brigo (Télam)
Hoy en día Vicentín representa, nada más ni nada menos, que un modelo que fracasó. Fracasó económicamente, porque logrando un récord exorbitante en facturación en los últimos cuatro años, saltando del puesto 19º al 6º en el sector, llevó a la empresa a la quiebra. Y quebró, dejando una deuda millonaria con acreedores locales y extranjeros, con cientos de cooperativas rurales, pequeños y medianos productores sin pagar, y con todo preparado para terminar de extranjerizar al sector, entregando los activos a su principal socio Glencore, una empresa de capitales suizos.
Pero Vicentín fracasó fundamentalmente como proyecto de país, protagonizando una estafa al Estado argentino a través del lavado de dinero y la fuga de capitales, de la especulación financiera como forma de valorizar su capital. Representa a los sectores concentrados del agronegocio, con poder de lobby para sortear y corromper el control del Estado, y con un historial de complicidad con la dictadura militar, como quedó en evidencia en las últimas semanas.
Vicentín no representa al empresariado argentino que necesitamos para defender y sacar adelante la economía del país, sino todo lo contrario. No representa los intereses de aquella empresa familiar que pudo ser en un inicio, ni la cultura del trabajo entendida como el valor, individual y colectivo, de esforzarse para progresar. Cuando la agricultura cotiza en bolsa, se lleva por delante aquello de “cultura” para convertirse en un negocio, a costa del medio ambiente, de la vida en el campo, de los puestos de trabajo y de los alimentos que es capaz de producir. El modelo Vicentín encaja en un proyecto de economía concentrada, en el juego del oligopolio concentrado en el que pocos ganan y muchos pierden. En el siglo XXI parece que hay que volver a decirlo: el latifundio, atrasa.
¿Qué necesita la sociedad argentina? En primer lugar, en el contexto de crisis económica que vivimos, y ante la quiebra de una empresa de tal magnitud, resulta fundamental preservar los 7000 puestos de trabajo, la cadena de pagos y los activos de la empresa. Y esto significa nada más y nada menos que rescatar el fraudulento préstamo realizado por el Banco Nación a Vicentín durante el último mes de la gestión de Mauricio Macri. Por otro lado, Vicentín es la única empresa importante, de capitales argentinos, en el sector agroexportador. Por lo tanto, evitar su traspase a socios foráneos evita la total extranjerización, no sólo del mercado agropecuario sino del puerto de Rosario y de las vías fluviales para la exportación. Representa un importante acto de soberanía en un área económica estratégica.
Siendo un sector clave de la economía, por su volumen tanto para el mercado local como por la entrada de divisas, es necesario que la comercialización de granos sea transparentada. Conocer los volúmenes que se comercializan y los valores, permitiría impulsar sistemas de fiscalización impositiva y de promoción, que alienten la diversificación de productos y el agregado de valor en origen. La expropiación de Vicentín resulta clave para constituir una empresa pública testigo en la cadena agroindustrial, que pueda ayudar a controlar los precios del mercado interno, generando una redistribución de la renta agraria.
Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia, no sólo en nuestro país sino en el mundo, es que la gestión de los servicios esenciales como son la sanidad, el transporte, la energía, y también la alimentación, no puede estar en manos del mercado y librada a la lógica de la especulación y la ganancia. La participación del Estado para definir el rumbo de la economía, poniendo por delante intereses colectivos, es fundamental y estratégico para garantizar la soberanía de un país.
Desde nuestro punto de vista, el control público-privado de una empresa como Vicentín debe redundar en herramientas para impulsar el desarrollo rural, con políticas agrarias que fomenten el empleo y el arraigo en los pueblos. Promover la producción de alimentos de calidad, con valor agregado en origen y accesibles, tanto para el mercado interno como para la exportación. Generar innovaciones tecnológicas locales y ambientalmente sustentables. Con los intereses que hay en juego, no será una tarea fácil pero tampoco es imposible. Las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar vienen demostrando su capacidad logística, de producción, de abastecimiento local y de gestión cooperativa para construir el camino a la soberanía alimentaria.
La expropiación de Vicentín nos pone frente a un desafío enorme como sociedad. Se trata de un momento creativo, una ventana de oportunidad para encontrar alternativas a la concentración de la cadena agroalimentaria y el modelo de agronegocios, que están en el centro de la matriz extractivista y desigual de nuestra economía. Pero atención, la estatización no significa nada por sí misma. Bien podría pasar a manos del Estado, y continuar siendo instrumento financiero, vendiendo commodities y produciendo biocombustibles, sin cambiar nada de la matriz productiva. Lo interesante de este debate, entendemos, es la oportunidad de pensar nuevas formas de gestión público-privada de los temas estratégicos, con más participación de la sociedad civil, que en definitiva significa un mayor ejercicio de la democracia.
[1] Integrante de la Coordinación Nacional del MTE Rural (Movimiento de Trabajadores Excluidos), Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)
Halliburton, Eduardo 2015 Radiografía de las corporaciones económicas 2003-2013 (Buenos Aires: IP) Disponible en https://www.slideshare.net/IADERE/radiografa-de-las-corporaciones-econmicas-20032013
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