Por Carolina Collazo[1] y Adrián Pulleiro[2]

Colectivo de Investigación en Comunicación, Medios y TICs

 

 

Descargá el Documento de Trabajo N°5 completo aquí:

Propiedad privada, meritocracia y antiigualitarismo. El discurso de los sectores dominantes en la crisis argentina

 

Introducción

Lejos de la “Argentina unida” que el presidente Alberto Fernández postuló como horizonte el 10 de diciembre de 2019 y sin lugar para la “tranquilizada economía” a la que dijo aspirar el ministro Martín Guzmán, la sociedad argentina atraviesa una nueva crisis. Las expectativas acerca de que la pandemia y el arribo a la Casa Rosada de un nuevo equipo de gobierno iban a generar un momento de menor polarización y más concertación fueron dejando rápidamente paso a disputas crecientes y diversas. El derrumbe económico y el empeoramiento de las condiciones de vida de vastos sectores de la población completan un cuadro en el que la confrontación se impone como modalidad principal de la dinámica política.

En medio de la extensión de las medidas de aislamiento se terminaron de perfilar dos bloques de actores económicos y políticos y fuerzas sociales que encarnan las disputas que definirán el futuro próximo del país, en un momento histórico tan particular. De un lado, un bloque opositor -con su pata mediática, política, judicial y empresarial-, en el que convergen sectores corporativos que si bien están atravesados por tensiones importantes y no tienen necesariamente una estrategia clara a futuro, comparten el objetivo inmediato de desgastar, debilitar y condicionar al gobierno del Frente de Todxs. Del otro lado, un espacio heterogéneo estructurado en torno a la coalición gobernante encabezada por las distintas fracciones del peronismo, que integran además los movimientos populares y organizaciones sindicales de mayor peso y es respaldada por sectores del empresariado local. Se trata de una coyuntura dinámica con final abierto.

Este Documento de Trabajo analiza los discursos que actores clave de dicho bloque opositor generaron en el marco de una serie de acontecimientos que consideramos cruciales para entender las disputas que están en juego, las modalidades de intervención y, sobre todo, su dimensión simbólica. Nos abocamos a tres escenas. En primer lugar, la constituida a partir del frustrado anuncio de intervención y expropiación de la cerealera Vicentín por parte del Gobierno Nacional. En segundo lugar, la generada a partir del proyecto de contribución extraordinaria de las grandes fortunas presentado por el oficialismo en el Congreso. Por último, la que se construyó con la toma de tierras en la localidad bonaerense de Guernica. Esas “escenas” delimitan tramas conflictivas hechas de acciones y reacciones, y producciones discursivas que intervienen en luchas concretas. En donde la disputa por el sentido de lo que ocurre tiene un lugar fundamental.

Nos proponemos analizar los discursos más representativos de grupos mediáticos, entidades empresarias y la derecha política para señalar regularidades, transformaciones y contradicciones. Identificar figuras y operaciones que ligan esos discursos con imaginarios generados en el pasado y con sentidos comunes muy arraigados en el presente.

A su vez, este trabajo está orientado por una inquietud transversal: indagar en los mecanismos que explican la capacidad expansiva, o en otras palabras el poder de universalización, de esa serie de discursos que aunque estén vinculados a posiciones sociales de privilegio, -que son en gran parte privilegios de clase- se presentan como ideas que expresan valores en los que se debe reconocer la sociedad en su conjunto.

 

Tres escenas, varios discursos, una ideología

Intervención de Vicentín

El 8 de junio de 2020, el presidente Alberto Fernández decretó la intervención de Vicentín y anunció el envío al Congreso de un proyecto para la expropiación de la compañía. Fundada en Avellaneda (Santa Fe) en 1929, como se sabe se trata de una de las mayores procesadoras y exportadoras de granos y derivados del país. Según declaraciones de Fernández la medida apuntaba a “rescatar la empresa” y constituía “un paso hacia la soberanía alimentaria”. La iniciativa fue obstaculizada con una serie de acciones judiciales que favorecieron a los intereses empresariales, enfrentó una gran campaña de operaciones  mediáticas y fue aprovechado políticamente por la oposición de derecha.

La empresa -principal aportante del PRO en la última campaña electoral- había declarado un estado de “estrés financiero” que en los hechos significaba el inicio de un proceso de reestructuración de sus deudas. Entre ellas, la deuda millonaria contraída con el Banco Nación por escandalosos créditos otorgados durante el gobierno de Macri. La posible  quiebra de la compañía ponía en riesgo cinco mil puestos de trabajo y afectaba a miles de productores pequeños y medianos.

Finalmente, el proyecto de Fernández se frenó y dio paso a una segunda propuesta más moderada impulsada por el gobierno provincial para un «gerenciamiento» con fiscalización del Estado, de los acreedores y de los accionistas. Esa “intervención mixta” también fue rechazada por los propietarios, quienes fueron apoyados por una marcha realizada el 20 de junio autodenominada “Banderazo Nacional por la República”. Allí se pudieron ver banderas argentinas y se destacaron carteles en defensa de la propiedad privada, la Patria, la libertad y la Constitución. Algunos ejemplos nos permiten adelantar el tono de esos enunciados: “Están traicionando a Santa Fe y a la Patria”, “Perotti traidor”, “No a los expropiadores”, “Esto no es Cuba”, “Fracaso fascista K”, “Nos gobiernan los Montoneros”.

Ciertos medios llegaron a decir que se avecinaba una “expropiación masiva de los medios de producción”, cosa que se replicó masivamente en redes sociales. Los medios opositores, también hicieron circular declaraciones de funcionarios afines y de sus analistas regulares.

 

“La intervención de Vicentín (…) da un primer paso en el camino para estatizar el mercado de granos” (Declaración de Juntos por el Cambio).

 

 “Habrá que observar al final de la historia cuánto quedará de esa soberanía. También, qué costo terminará acarreando a toda la sociedad (Van der Kooy- Clarín).

 

 “La sociedad argentina está inmersa en una cultura atravesada por la omnipresencia del sector público que va implantando una enorme diversidad de barreras para que de él dependa casi todo. Solo basta ver, como representación extrema, a algunas provincias donde el Estado es prácticamente, el único empleador y actor social de relevancia. Por supuesto que esto no es casual ni se debe a cierto problema endémico de esas zonas por el que sea inviable la actividad privada(Nota de tapa – Perfil).

 

“A esto vinieron (…) El gobierno avanza sobre el sector privado”; “Ahora sí empezó el kirchnerismo”; “Proceso de supresión de los derechos de propiedad(Tato Young – LN+)

 

Lo primero a subrayar es que en estos discursos la defensa de la propiedad privada aparece asociada directamente a las condiciones de posibilidad de reactivación económica en un contexto de crisis: “El caso Vicentín dificulta el clima para la renegociación de la deuda”, (La Nación); “El papel clave de las empresas privadas y sus cadenas de valor para el desarrollo y particularmente para la salida de esta crisis”, (Asociación Empresaria Argentina, AEA); “Cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica» (Federico Pinedo). Esto supone la naturalización del aporte de la actividad privada para el sostenimiento de la economía nacional, es decir, con independencia de la coyuntura específica. En otras palabras, se asocia “actividad privada” – “progreso” – “economía virtuosa”, desligando a ese significante de sus vinculaciones históricas con las crisis y los problemas estructurales que están en su raíz.

Además, esto viene asociado a todo un conjunto de valores que significan una operación de deshistorización de la adquisición del patrimonio[3]. En el caso Vicentín esto es clave. Por un lado, la actividad privada asociada a la producción agraria y, por lo tanto, a la propiedad de la tierra, se inscribe en discursos que no solo apelan a la “libertad” -individual y de mercado- sino a toda una secuencia que remite a la defensa de la “comunidad”, a la “reputación”, a la “Patria”, a la “Nación” y a la “confianza de los argentinos en la industria agropecuaria”. Se construye así un “nosotros” que excede a los propietarios. A la vez que en conjunto delinean una posición ideológica del “capital intangible” que tiene “más valor que las deudas”.

 

“Según un estudio más del 60% de la población adulta argentina confía en la producción y la industria agropecuaria y más del 70% cree que hace una contribución importante a su bienestar” (Titular – Perfil); “Simplemente por eso están de su lado. Vicentín atraviesa una crisis financiera pero también reputacional, y ese capital intangible que la compañía ha construido durante sus 90 años de historia le valieron la defensa de su comunidad próxima. Algo de mucho más valor que todas sus deudas con la banca nacional (Nota de tapa – Perfil).

 

”La desconexión entre la política y la ciudadanía es cada vez mayor. Si uno analiza cuáles fueron los hechos políticos más determinantes en los últimos meses encontrará que varios de estos fueron producidos por corrientes de opinión y movilizaciones pacíficas y cuidadosas de ciudadanos que se expresan en defensa de valores republicanos. Fue así, claramente, en hechos como el intento de expropiación de Vicentin o el proyecto de reforma judicial. (Darío Lopérfido – Infobae)

 

Por otra parte, lo que en ese marco es considerado como un avance del Estado sobre el sector privado se plantea como “un problema endémico” de los gobiernos populistas y la omnipresencia del Estado como una tendencia al autoritarismo, que implica, desde el punto de vista jurídico una violación consttucional de la ilegalidad jurídica, y una “chavización” desde el punto de vista de la polìtica económica.

 

“La intervención de Vicentin, anunciada esta tarde por el Gobierno Nacional, es ilegal e inconstitucional(Declaración de Juntos por el Cambio).

 

“Vicentin: una decisión que desnuda las verdaderas intenciones del Gobierno” (Titular Infobae) “No es la primera empresa expropiada, y lo más grave es que probablemente no será la última (…) agudizó la angustia de los empresarios y de una buena parte de los analistas [el Gobierno] tendrá entonces dos alternativas, profundizar los cepos, la represión de las libertades económicas y los controles estatales; o bien, encarar con madurez las reformas estructurales que nos lleven al camino de la libertad y del progreso. Va a ser difícil transitar caminos intermedios. En ese contexto, la expropiación de Vicentin anticipa cuál de los dos caminos es el elegido” (Agustín Etchebarne – Iván Cachanosky – Infobae)

 

“No tengan dudas de que vamos rumbo al infierno chavista y ella, tal como anticipó, viene por todo (…) el virus los ayudó a llenar la vida de Decretazos de Necesidad y Urgencia, a emitir un tsunami de billetes que cada día valen menos y a avanzar sobre las libertades y la propiedad privada (…) La  cuarentena eterna va a condenar a miles de empresas a esa misma situación. ¿Qué van a hacer? ¿Van a expropiarlas a todas? (…) Es cierto lo que dice el documento de la oposición. Esta movida impulsada por Cristina y la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti es ilegal e inconstitucional (Alfredo Leuco – Radio Mitre).

 

“Es la chavización de la economía” (Alfredo Cornejo, Presidente de la UCR).

 

”Si el proyecto de expropiación como dice el manual de guerra de Máximo Kirchner, la Argentina se acercará más a la Venezuela de Maduro de lo que jamás estuvo” (Luis Majul – La Nacion)

 

“Esta decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores (…) La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina” (Comunicado de AEA)

 

De este modo, en esta serie discursiva el Estado aparece como un conjunto de acciones y estructuras que tornan inviable la actividad privada y en consecuencia atentan contra el bienestar general. En esa línea, el Estado impone obstáculos a la superación de la crisis económica -que además en este contexto es asociada fuertemente a la renegociación de la deuda externa- y elude su obligación de resguardar la propiedad privada como derecho inalienable y constitucional. Así, la figura del Estado es construida sobre una cadena de significantes antagónica a los valores hegemónicos de la escena analizada: “autoritaritarismo” – “inconstitucionalidad” – “ilegalidad” – “confiscación”. En síntesis, el proyecto del Gobierno implica un “atropello institucional” incompatible con las figuras subjetivas,  cargadas de virtudes evidentes, asociadas a tales valores: “ciudadano” – “propietario” – “argentino” – “trabajador”.

 

Impuesto a las grandes fortunas

El 28 de agosto ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto del llamado impuesto a las grandes fortunas, oficialmente denominado “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. De aprobarse, este impuesto alcanzaría solo al 1% de la población y lo recaudado estaría destinado a partidas específicas para la compra de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; el programa de becas Progresar y asistencia en barrios populares; y un programa de exploración, desarrollo y producción de gas natural de manera exclusiva con YPF. No obstante, el mismo día que se presentó el proyecto, Clarín tituló falsamente que el Gobierno preveía elevar el impuesto a las ganancias un 41%.

Nuevamente, el rechazo de las corporaciones económicas y de la oposición política no tardó en llegar. Los grandes medios mostraron el mismo alineamiento con estos sectores que observamos en la escena anterior. Las presiones ejercidas llevaron al oficialismo a postergar el tratamiento del proyecto. El principal argumento de los sectores que se oponen a la medida provino de abogados tributaristas: aun siendo extraordinario y aplicado por única vez, esta contribución gravaría la misma base imposible que el impuesto a los Bienes Personales, es decir, que sería una tributación duplicada. En base a este argumento, las patronales agrarias reforzaron los dos pilares de su posición frente al caso Vicentín: (i) Defensa de la propiedad privada y de la libertad de empresa; (ii) Rechazo al supuesto avasallamiento por parte del gobierno sobre la seguridad jurídica. En esta misma línea, intervinieron los grandes grupos mediáticos:

 

“La suma del impuesto sobre los bienes personales y el de las grandes fortunas resulta confiscatoria y afecta el derecho de propiedad”; “Sería más conveniente gravar con impuestos las rentas, y solo luego aquellos bienes en que esa renta se invierte. De lo contrario es una medida confiscatoria para los contribuyentes”; “Sin lugar a dudas la sumatoria de ambas contribuciones no supera el ‘test de constitucionalidad’; No pueden alterarse los derechos fundamentales de los contribuyentes aunque exista una emergencia económica” (Revista Forbes – levantada por Perfil)

 

“Nadie va a invertir en la Argentina sin seguridad jurídica (…) Nadie se cree que va a ser un impuesto por única vez” (Nota de tapa – La Nación).

 

“Marca la filosofía de más Estado, menos sector privado, menos inversión privada(Eduardo Amadeo para LN+).

 

“Se prevé que esa ostensible confiscatoriedad terminará provocando una judicialización de su aplicación; “un desborde impositivo total”, “es notoriamente inconstitucional”; “El diputado Carlos Heller siempre ha demostrado ser un permanente detractor de la producción rural”; “Es una medida con más contenido ideológico que jurídico o económico” (Entrevista a César Litvin, tributarista – Infobae)

 

“Cualquier persona que tenga un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires será alcanzado eventualmente por este impuesto llamado ‘Patria’ (…) Esto se llama impuesto extorsionador a las grandes fortunas» (Marcelo Longobardi – Radio Mitre).

 

Me tengo que ir hasta Vicentin para enganchar la secuencia de lo que está ocurriendo en el país. En ese momento, el Gobierno impulsó una brutal estatización (…) los hechos posteriores a Vicentin marcan una línea similar a aquella, la intervención del Estado a como dé lugar”; “El populismo radicalizado no es una ideología, es un método. Un método de conservar el poder (…) Este conjunto de elementos nos constituye una escena bastante venezolana (Marcelo Longobardi – Radio Mitre).

 

Como puede observarse, en este caso la articulación discursiva es muy similar a la de la primera escena. El eje en donde se articula la serie sigue siendo el rechazo a la intervención estatal por ser una medida considerada confiscatoria, extorsiva y anticonstitucional, siendo el discurso jurídico el que cobra acá mayor relevancia. Los argumentos que tienden a deslegitimar la medida mantienen una regularidad con la escena anterior en cuanto a que los fundamentos legales de una supuesta duplicidad tributaria sobre los bienes eluden la relación histórica entre la adquisición del patrimonio, las acciones de evasión y los circuitos off shore de las rentas. También aparece un señalamiento peyorativo en cuanto al “contenido ideológico” o una cierta “filosofía del Estado” como sesgo que excluye todo contenido económico de la medida propuesta, haciendo alusión también a la comparación con la economía venezolana. La urgencia económica en estos discursos también se limita a una crisis macroeconómica que solo pueden salvar los grandes capitales privados. Así, la medida propuesta por el Gobierno Nacional “atenta contra la seguridad jurídica”, “repele las inversiones” y “vulnera la capacidad de reactivación económica”, manteniendo de esta manera la continuidad con el tercer pilar discursivo de la escena anterior: más allá de cualquier contexto la actividad privada es la condición de posibilidad de reactivación económica.

 

“Es un gran repelente para las inversiones”; “vulnera directamente la capacidad de reactivación económica”; “Acta de defunción para la reactivación de la económica argentina” (Iván Sasovsky, tributarista – LN+) “… es un golpe definitivo a la inversión” (Eduardo Amadeo LN +)

 

 “Para llevar a cabo eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país, así como para alentar nuevas inversiones es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas. Debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas” (Comunicado de AEA)

 

En este caso, a la figura subjetiva del propietario se suma, como posición legítima de enunciación, la figura del “contribuyente”. Complementariamente, aparecen otras dos figuras antagónicas: ricos y pobres. “Pobre” es aquel que no contribuye y que debe ser ayudado; “rico” el que genera inversiones y en consecuencia empleo y por lo tanto es capaz de convertir al pobre, si no en propietario, al menos en contribuyente. La síntesis de este argumento es que “sacarle a los ricos hace a los pobres más pobres aún”, coronado sintomáticamente con la cita de un ex presidente estadounidense según quien, el “odio de clases” (pobre-débiles/ricos-fuertes) es el obstáculo para la fraternidad del hombre”:

 

“El impuesto a la riqueza está destinado a crear más pobreza”; “Un experto explicó por qué el impuesto a las grandes fortunas provocará más pobreza e inflación(Roberto Cachanosky – Infobae)

 

“El Gobierno cree que los ricos son malos” (Eduardo Amadeo, ex diputado Juntos por el Cambio –  para LN+)

 

“Nosotros no somos los que defendemos a los ricos ni somos los malos del cuento. Todos estamos preocupados por lo que pasa en Argentina con los pobres(Carmen Polledo, diputada del PRO).

 

Ya lo decía Abraham Lincoln, uno de los presidentes más importantes de la historia de los Estados Unidos: ‘No puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. No puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro. No se puede levantar al asalariado destruyendo a quien lo contrata. No se puede promover la fraternidad del hombre incitando el odio de clases (…) No se puede ayudar a las personas de forma permanente haciendo por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos’.” (Nota de tapa – Perfil)

 

“No se puede plantear el debate como a favor de los pobres y en contra de los ricos” “es un impuesto que grava a quienes pueden generar empleo”; “En el mundo globalizado, donde los países se pelean por atraer inversiones, vamos a ser el primer país de la Tierra en poner impuestos al que viene a invertir a un país” (Luciano Laspina, diputado del PRO)

 

 

 Toma de tierras en Guernica

La tercera escena se desencadena cronológicamente entre las dos anteriores, aunque el conflicto se desarrolló paralelamente a ambas y fue la última en llegar a su desenlace. El 20 de julio, en medio de la crisis habitacional agravada por la pandemia, se inició la toma de tierras en un predio abandonado de 100 hectáreas ubicado en la localidad de Guernica, Partido de Presidente Perón, en el sur del conurbano bonaerense. La ocupación llegó a involucrar a unas quince mil personas, entre adultxs y niñxs.

Las primeras 500 familias crearon el Barrio 20 de Julio, luego se sumaron los barrios La Unión y San Martín. Según sus voceros, la idea era conseguir un plan de viviendas y proyectar en lugar la construcción de espacios verdes y de recreación, un jardín de infantes, salas sanitarias y un centro cultural. Según el censo realizado en la toma, la gran mayoría de esas familias habían sido desalojadas de sus viviendas por no poder pagar el alquiler. Otras sufrían conflictos familiares por hacinamiento habitacional y violencia por razones de género.

El gobierno provincial intervino inicialmente a través de una coordinación ministerial ofreciendo soluciones individuales de diversa naturaleza. Luego de varios meses sin que la situación de fondo se resolviera, el juez a cargo dictó el desalojo del predio para el 15 de octubre. Hubo diversas protestas en apoyo a la ocupación en las cuales se reclamaba por «el derecho a la tierra y a la vivienda». El 14 de octubre, delegados de las familias ocupantes hicieron pública una Carta Abierta al presidente Alberto Fernández, “Guernica: Tierra para vivir- Ni desalojo ni represión” para pedirle que interviniera en el conflicto. Finalmente, la justicia denegó el último recurso de amparo donde se pedía la expropiación de esos terrenos para dar lugar al proyecto que presentaron las familias ocupantes. Para fines de octubre una buena parte de esas personas se habían retirado luego de firmar un acuerdo con el Estado bonaerense. El 29 de ese mes, un desalojo violento efectuado por fuerzas de seguridad provinciales terminó vaciando el predio.

Durante los meses que duró la toma, la operación de los grandes grupos mediáticos -en concordancia con la derecha política- consistió en llevar adelante una feroz impugnación de la legitimidad del reclamo, recurriendo a argumentos muy presentes en las escenas anteriores.

 

“Guernica: Axel Kicillof ofreció terrenos, traslados y reubicaciones, pero los usurpadores dicen que “el problema es el mientras tanto” (Titular – Infobae).

 

“….es previsible que estos problemas continúen e incluso que sigan propagándose por todo el país (…) La ocupación es ilegal; resulta evidente”; “Una cosa es un derecho y otra un delito” (Carlos Gabetta – Perfil)

 

«La propiedad privada es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la Constitución Argentina, y un principio sobre el cual se ha construido la Nación a lo largo de sus más de dos siglos de vida. Su respeto y preservación constituyen un derecho y una garantía que, además de estar protegidos por el todo, el ordenamiento legal y jurídico de la República, gozan del más absoluto consenso social » (Comunicado de la Sociedad Rural Argentina).

 

«… el Gobierno tiene que dar respuestas inmediatas dentro del marco de la ley» (…) «las tomas son un delito y el Estado tiene que actuar en consecuencia” (Alex Campell, diputado bonaerense del PRO)

 

En este caso, sin embargo, aparece la misma estructura ideológica pero discursivamente invertida -aunque con la moral dominante intacta-. El Estado “atenta” contra la propiedad privada, no por su intervención sino por su inacción. El Estado “no actúa”, “deja hacer”, mantiene un “letargo cómplice”.

 

«Toda actitud permisiva por parte del Estado crea inseguridad jurídica y pone en grave riesgo al derecho de propiedad, por lo tanto, cualquier persona podrá verse privada del mismo solo en virtud de razones declamatorias, demagógicas e interesadas»  (Comunicado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa-Carbap ).

 

“Vemos con sorpresa que, frente a las usurpaciones y expoliaciones que se están dando, el Estado se muestra ausente (…) la mirada complaciente de intendentes y gobernadores clientelistas facilitan así las ocupaciones con claros fines políticos (…) la propiedad, en el sentido más amplio, comprende todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, aparte de su vida y de su libertad (…) es una tarea indelegable del Estado custodiar y preservar los bienes públicos, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la seguridad (…) reviste suma urgencia que el Gobierno salga de su letargo cómplice y aplique la ley y ejerza la autoridad, actuando con el uso pleno de la fuerza pública frente a las intromisiones y perturbaciones, al ser quien ostenta el monopolio de la misma en un Estado de derecho (…) se evitará así volver a una sociedad de naturaleza preestatal en la que la fuerza pretenda imponerse sobre los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional para hacer libres a los hombres” (Extractos de la carta firmada intelectuales en contra de la toma de Guernica[4]).

 

Aun tratándose de tierras sin ninguna conexión con la producción agropecuaria y sin constatarse incluso la relación legal entre los títulos de propiedad y quienes allí figuran como dueños, se apela de igual forma a los “derechos fundamentales”, a la Constitución y al valor de la libertad como argumentos para contraponer a la “ilegalidad de la toma” y la “usurpación de la propiedad privada”. De esta forma, lo que aparece como específico de esta escena es una oposición entre derecho y delito sobre la cual el Estado es llamado a intervenir. En este punto se vuelve más evidente que, más allá del conflicto específico sobre el que intervienen, los sectores que venimos indagando confluyen en un imaginario que los cohesiona discursivamente, pero también están alineados en función de un objetivo inmediato: desgastar, debilitar y condicionar al gobierno del Frente de Todos.

 

“Las tomas son como la Justicia por mano propia. No cuesta entender qué hacen los que toman tierras: hacen lo que les permiten hacer o nadie les impide hacer (…) Lo único que le funciona a este gobierno fracasado y mediocre de los Fernández, son las usurpaciones (…) El presidente Alberto Fernández no sabe, no puede o mejor dicho, no quiere frenar la toma de tierras. Con su complicidad, las potencia. Su señal es antidemocrática porque no respeta la propiedad privada y viola la ley “; Gobierno de usurpadores (…) falso garantismo zafaroniano que protege a los delincuentes y re victimiza a los que padecen robos, violaciones y asesinatos, tiene un espejo en el tema de la propiedad de la tierra” (Alfredo Leuco, Radio Mitre)

 

«El que labura cierra y el que usurpa hace negocio. La provincia no es inviable, pero así la hacen invivible» (Jorge Macri, Intendente de Vicente López por el PRO)

 

“La falta de brújula en el Gobierno alienta las tomas y fricciones internas (…) El fenómeno de las tomas de tierras, por otra parte, fluye con cierta naturalidad cuando los protagonistas observan que no existen las consecuencias (…) El Gobierno, amén de no poseer una estrategia, tampoco tiene saldada la discusión interna (…) El oficialismo tiende a tener habilidad para cubrir todo el espectro ideológico (Eduardo van der Kooy, Clarín).

 

«… los derechos de propiedad y la seguridad jurídica sobre los mismos son condición clave para el desarrollo, el crecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos (…) Para disponer de los bienes, producir e invertir, es esencial contar con la certeza de los derechos de propiedad. Es una obligación del Estado protegerlos» (Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Caba por el PRO)

 

Simultáneamente, lo que más resalta en este entramado discursivo son las figuras subjetivas, cuyo antagonismo se amplía a partir de una extensa variedad de calificaciones. A la cadena virtuosa propietario-trabajador se le suma el significante “vecinos”. En la contraparte, el “pobre”, aparece ligado a “usurpadores”, “ocupas”, “ilegales” asociados a su vez a toda una serie de características tendientes a su estigmatización: “delincuencia” – “inseguridad” – “perturbación del orden” – narcotráfico” – “villa miseria” – “enfermedades”. La figura del vecino es crucial ya que se lo construye como víctima de los padecimientos que trae como consecuencia la toma de los terrenos linderos a las zonas urbanizadas del lugar.

 

“Lo más probable es que en poco tiempo el lugar devenga una nueva “villa miseria”, con todo lo que eso comporta: enfermedades, inseguridad, narcotráfico… lo conocido” (Carlos Gabetta – Perfil)

 

 «…grupos que, con sus intereses, interfieren sin permitir encontrar una solución rápida a la situación, tanto para quienes están en esta circunstancia como para quienes a través de su trabajo son propietarios de sus tierras(María Luján Rey, diputada nacional por el PRO)

 

Los diputados del bloque opositor fueron recibidos por el concejal PRO de Presidente Perón, partido al que pertenece Guernica, Guido Giana, que además es vecino de la usurpación y está protegiendo su terreno para evitar que sea ocupado (Nota de tapa – Perfil)

 

 «Lo que pasa en Guernica es una mala señal para el conjunto de la sociedad (…) el Estado debe contener a estas familias que llegaron a tomar esta medida, sin descuidar a quienes trabajaron duro para comprar la tierra” (Cristian Ritondo, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y presidente del bloque del PRO)

 

Cabe mencionar que la circulación significante en esta escena se encuentra reforzada en el discurso mediático a partir de otros acontecimientos que le son contemporáneos. En especial, los conflictos desatados a partir de la toma de tierras en la Patagonia por parte de comunidades mapuches. Tanto en el caso de El Foyel, como en Villa Mascardi, esas comunidades quedan inscriptas en la misma serie de la “ocupación ilegal” (“bandas criminales”, “saqueadores”, “violentos”, “usurpadores”, “intimidadores” etc.). La contraparte es representada igualmente como “los vecinos” y como “propietarios cautivos” en su “propia tierra”, llegando al punto de presentarlos como rehenes. También se hacen presentes las apelaciones al orden jurídico y a la Constitución, principalmente reduciendo a la propiedad privada a un derecho inviolable por excelencia, y colocando al “mérito” y el “sacrificio” como condición del patrimonio.

La violencia radicalizada de estas categorizaciones discursivas es correlativa a la virulencia con la que se interpela al Estado en función de la “premeditada inacción del Gobierno” o de la idea de un “plan sistemático destinado a violentar la propiedad privada”, en ocasiones acompañada de la remanida comparación con Venezuela.

Como corolario nos interesa señalar cómo dichas construcciones discursivas remiten a procesos de formación de largo alcance, que pueden percibirse ampliando el foco hacia otros acontecimientos no tan recientes, como el caso de la toma de Parque Indoamericano en 2010. En aquella escena, la construcción discursiva del Estado se centraba en su condición de garante del orden y del control de la demarcación entre lo público y lo privado. “El parque es de todos”, era un tópico crucial en los discursos que condenaban la ocupación. Había allí una lógica de la propiedad privada que no era compatible con un espacio público. Asimismo, ese “todos” más bien abstracto remitía a un sujeto concreto: los “vecinos”. Hay que tener en cuenta que una particularidad de este acontecimiento fue la aparición explícita de la ideología xenófoba del PRO en el discurso oficial -especialmente expresado en las intervenciones de Mauricio Macri, por entonces Jefe de Gobierno- que explicaba el conflicto como producto del “descontrol de la inmigración de países limítrofes”. De este modo, por un lado, si la propiedad pública es de todos, y de nadie específicamente, la ocupación para reclamar una vivienda digna era repudiada apelando al interés colectivo. Simultáneamente, aparecería el “trabajo” como un significante opuesto a la apropiación que activa todo un haz de sentidos comunes forjados en el pasado y todavía muy potentes. Ese sentido común dice que el trabajo es garantía de mérito y es condición de posibilidad de una vida digna. También es la vía legítima para obtener bienes. Pero -y esto en el caso de los discursos que repudiaron la toma de Guernica apareció con mucha claridad- una cosa es tener derecho a una vivienda digna y otra tener derecho a una vivienda propia. En este caso, “trabajo”, “mérito” y derecho a la “propiedad privada” no tienen una relación evidente. Los procesos de ocupación de tierras para reclamar por una vivienda digna, prueban que no cuenta que esas personas trabajen mucho o que después de trabajar años hayan perdido el empleo para ser dignos de una vivienda propia. Entre otras cosas porque, para la ideología dominante, quienes ocupan tierras no son considerados como sujetos de derecho, sino como sujetos que están en falta y en deuda.

Por el contrario, en el caso de las dos primeras escenas (“Vicentín” e “impuesto a las grandes fortunas”) la vía de acceso al patrimonio y la legalidad al momento de su  adquisición -especialmente en el caso de la propiedad de la tierra- son cuestiones totalmente ausentes. Un hecho que no se explica por razones históricas, sino por mecanismos ideológicos de la conformación de esos propietarios en tanto clase.

 

Conclusiones

  • El análisis de los discursos que estructuran las tres escenas seleccionadas -puntualmente sus coincidencias temáticas, formales y argumentativas- permite mostrar con claridad el nivel de afinidad que existe en nuestro país entre los medios de comunicación dominantes, la derecha política y las corporaciones empresariales que representan al poder económico más concentrado. Esas construcciones discursivas, enunciadas en un contexto de crisis, ponen de manifiesto con mucha más claridad que en otros momentos los intereses que nuclean a dichos actores. Es posible, además, leer la secuencia como síntoma de una línea de acción mancomunada entre sectores que mantienen ligazones históricas en función de tales intereses y de visiones del mundo que los justifican, y que -a diferencia de otras etapas- en la coyuntura actual encuentran motivos para confluir de un modo fuertemente articulado en una pulseada decisiva por el rumbo político del país. La prolongación de la crisis económica y de la incertidumbre generalizada fruto de la pandemia están en la base de una forma de intervención que busca debilitar y condicionar al gobierno del Frente de Todxs. Una táctica que parte de una posición de enunciación que busca la victimización para generar un efecto de sentido que construya la idea de que los sectores empresarios (propietarios) soportan una amenaza constante.
  • Nuestro análisis también permite ver en acción a un conjunto de significados y valores naturalizados que ofician como marco de interpretación de los hechos y como matriz de elaboración de los discursos puestos en juego. La existencia de tal ideología se evidencia en la aparición de las mismas figuras y estructuras discursivas ante acontecimientos -contemporáneos o de otros momentos históricos- que tienen elementos en común pero que muestran aspectos significativos que los diferencian. Para nombrar un ejemplo, esto ocurre con la toma de tierras en Guernica, la ocupación de territorios en la Patagonia por parte de comunidades originarias, el conflicto en Entre Ríos que involucra a la familia Etchevehere y los pequeños productores nucleados en el Proyecto Artigas, y el asentamiento de viviendas en el Parque Indoamericano. La vigencia y la eficacia de esa ideología radica en el poder de acción (institucional e institucionalizado) de las fuerzas sociales que la encarnan. Como así también en los mecanismos discursivos que permiten presentarla como un sistema de ideas y valores que, lejos de legitimar ciertos privilegios (minoritarios) de clase, constituyen un fundamento para el bien general (de todos). En este Documento de Trabajo observamos cómo estos mecanismos funcionan como un desplazamiento que va del “rico – gran propietario – gran contribuyente” al “pequeño propietario – pequeño productor – pequeño contribuyente – trabajador” y tiene en la figura del “vecino” a su forma más condensada. Conformando así lo que podemos llamar un polo de enunciación legítimo, que integra a esas figuras para excluir a las antagónicas y, por ende, volverlas ilegítimas. Se trata asimismo de cadenas significantes que en todos los casos refieren de un modo excluyente al papel -positivo y negativo- de los varones, evidenciando, y reforzando, el carácter machista de la cultura dominante.
  • Las tres escenas analizadas mantienen entre sí un claro punto de articulación discursiva. El eje articulador se construye en torno a la relación entre Estado, orden jurídico y propiedad privada. La defensa de la propiedad privada y la apelación al orden jurídico aparecen como una regularidad en los discursos que rechazaron la intervención estatal de Vicentín, se oponen al impuesto extraordinario a las grandes fortunas y repudian las tomas de tierra para reclamar viviendas dignas. Entretanto, el sentido que se construye en torno al “Estado” se caracteriza por la contradicción. La cadena significante propiedad privada – ley – Estado fuerte autoritario y confiscador, articula el rechazo en las dos primeras escenas, mientras que en la tercera, la cadena propiedad privada – ley – Estado débil que deja hacer proyecta un efecto de demanda.
  • En el marco de estos discursos, el Estado, y por ende el equipo de gobierno que está en su conducción, queda en una postura claramente defensiva. Es cuestionado por “intromisión” y por “ausencia”. En este punto, señalamos dos cosas. Por una parte, esa tensión, desde la perspectiva de los sectores dominantes, se traduce en un llamado a preservar las libertades individuales y el derecho a la propiedad privada. Por esa razón, paradójicamente, se trata de una ofensiva con un sustrato reaccionario, ya que se no se hace en nombre de un proyecto de futuro sino para defender “principios elementales”. Por otra parte, lo que está en la base del cuestionamiento al Estado por su intromisión/inacción es el ataque a la relación entre acción estatal y derechos sociales. De esta manera, el clivaje libertades individuales – propiedad privada versus derechos sociales cobra una relevancia particular en la coyuntura actual.
  • Lejos de implicar debates en la esfera pública sin consecuencias políticas, hay que decir que en los tres escenarios de disputas analizados, los discursos de los medios dominantes, la derecha política y las corporaciones empresariales se han consolidado como hegemónicos o al menos han disputado esa hegemonía con éxito: las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional no se concretaron -o entraron en una zona de indefinición- y las tomas de tierras terminaron en desalojos violentos. En ese marco, ninguna estrategia discursiva puede estar al margen de los objetivos políticos planteados, pero la lucha por el sentido de las acciones y sus consecuencias es parte fundamental de toda batalla política. En la Argentina actual el bloque opositor conformado por dichos actores viene demostrando que está definido a defender sus posiciones de privilegio, por lo tanto será vital tener claridad sobre cómo lo hacen para evitar, al menos, que se fortalezcan.

 


Referencias

[1] Dra. en Ciencias Sociales y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad (FfyL-UBA). Docente e investigadora de

la UBA.

[2]  Dr. en Ciencias Sociales y Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Comunicación y Cultura. Docente de la UBA y la Universidad Nacional de La Pampa.

[3] Entre las condiciones ideológicas y materiales de la conformación de la clase dominante durante buena parte del siglo XIX y principios del XX, está la romantización del mundo rural que le otorgó a esa clase una épica que refuerza su legitimación como tal. Las principales creencias que dan cuerpo a esta formación discursiva sostienen que “para que al país le vaya bien hay que dejar trabajar al campo”, porque se supone que cuando eso sucedió fuimos el “granero del mundo”, mito de “la época dorada argentina” (Cfr. Martín, L, Formaciones Discursivas en relación al Acuerdo de Libre Comercio Mercosur – Unión Europea.Un análisis histórico de la conformación y reproducción de las mismas, Facultad de Cs. Sociales, UBA, 2020). Esa formación discursiva persiste hasta nuestros días en la idea de que el “campo produce y trabaja para mantener vagos y planeros”. El mito de que el campo es la base productiva y que además representa la idiosincrasia nacional quedó brutalmente plasmado en el conflicto de 2008 bajo la creencia “El campo somos todos”. Esta deshistorización remite incluso directamente al mito burgués del origen del capitalismo, la narrativa de la llamada acumulación originaria, construida con dos figuras contrapuestas: el “ahorrista inteligente” y los “vagos y  holgazanes”. Al reponer las condiciones históricas, nos encontramos con la existencia de distintas clases sociales y con las formas de expropiación violenta de la tierras comunales, de explotación, de  violencia, en definitiva, de terror. Como dice Marx: “La expropiación que despoja de la tierra al trabajador constituye el fundamento de todo el proceso” (Marx, K, El Capital, Libro Primero, Capítulo XXIV, FCE, Buenos Aires, ed. o.  1867, p. 895).

[4] Grupo autodenominado “Profesores Republicanos”. El documento fue firmado por Daniel Sabsay, Jorge Salvat, Miguel Wiñazki, Antonio María Hernández, Norma Nudelman Sbartati, Alicia Vicente, Santiago Kovadloff, Roberto Malkassian, Alfredo Vitolo, Ernesto Barugel, Juan Martín Odriozola, Graciela Róvere, entre otros.