El 10 de noviembre de 2019 se consumó un golpe de estado en Bolivia cuando el jefe de las Fuerzas Armadas le pidió la renuncia al presidente en ejercicio Evo Morales en un contexto de desestabilización social y motín policial desencadenado luego de un proceso electoral cuyos resultados fueron desconocidos por la oposición a partir de un sospechoso posicionamiento de la OEA (Organización de Estados Americanos). Dos días después asumió el gobierno la senadora Jeanine Añez, designada por parlamentarios opositores, pero sin el quórum necesario de la Asamblea Legislativa Plurinacional donde la bancada mayoritaria correspondía al MAS (Movimiento al Socialismo), el partido al que pertenece Morales.
El nuevo gobierno se presentó como provisional con la sola misión de convocar a nuevas elecciones. Sin embargo, desde sus inicios llevó adelante una política represiva que provocó más de 36 muertos, la persecución y amedrentamiento de dirigentes y militantes del MAS y de organizaciones populares y también cambios políticos y económicos inspirados en la agenda neoliberal y en la orientación estadounidense para la región. A lo que hay que sumar su tinte racista, patriarcal y fundamentalista que se expresó también en actos de violencia simbólica reaccionaria, como la denigración de la bandera wiphala (que representa la diversidad de pueblos y naciones indígenas de Bolivia).
Finalmente, en enero pasado se fijó la fecha del 3 de mayo de 2020 para la realización de las elecciones presidenciales y legislativas y se inscribieron las alianzas partidarias. Comenzó así la campaña electoral en condiciones de una profunda restricción de las libertades democráticas.
A fines de enero el gobierno de facto militarizó las principales ciudades del país ante posibles manifestaciones. Asimismo, continuó la persecución a miembros del gobierno del MAS, algunos todavía se encuentran asilados en embajadas. En la misma línea, en las últimas semanas, más de 50 radios fueron clausuradas acusadas de sedición y de incitar a la violencia por transmitir mensajes críticos al gobierno.
Finalmente, la presidenta de facto Añez anunció que, sin abandonar su cargo se postulará también para competir en las elecciones presidenciales, contradiciendo sus palabras de meses atrás. Ello mereció incluso la crítica de otros candidatos que apoyaron el golpe de estado y el señalamiento de que se confirmaba el carácter golpista del gobierno.
Por otra parte, en los primeros días de febrero se detuvo a una apoderada legal de Evo Morales, otro apoderado consiguió escapar, y se intentó apresar al apoderado del MAS cuando se encontraba en el trámite de inscribir las candidaturas para las elecciones de mayo. De la misma forma, a su reciente regreso a Bolivia se inició un proceso contra el designado candidato a presidente por el MAS, Luis Arce Catacora, amenazándolo incluso con la posibilidad de detenerlo. También se amenazó con restringir o entorpecer las posibilidades de votación en los lugares donde el MAS obtiene sus mayores apoyos. Estos hechos han motivado un urgente llamamiento a la comunidad internacional para evitar el fraude, la proscripción del MAS y garantizar elecciones efectivamente democráticas en Bolivia.
Con ocho formulas presidenciales presentadas, el MAS tiene como candidatos a Luis Arce Catacora, para la presidencia, y David Choquehuanca Céspedes, para la vicepresidencia. El primero fue ministro de economía de los gobiernos de Morales y artífice de su éxito económico; el segundo fue Canciller, gestor de su política internacional soberana y una referencia para los movimientos indígenas y campesinos. Las primeras encuestas de opinión conocidas otorgan una ventaja importante a la fórmula del MAS ubicándola como la más votada.
En Bolivia se encuentra la mayor reserva mundial conocida de litio que, según analistas, podría aportar en los próximos años el 20% de la producción global. Del litio se obtiene un componente central para la fabricación de las baterías que se utilizan en computadoras portátiles, relojes, celulares, automóviles eléctricos y para almacenar energías renovables. El mayor depósito de litio en Bolivia está en el Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, donde el gobierno de Morales planificó su extracción e industrialización bajo control estatal. Justamente, el Comité Cívico de Potosí fue uno de los actores principales en la desestabilización que condujo al golpe de estado.
Bolivia cuenta también con importantes reservas de hidrocarburos, particularmente de gas, con el que aprovisiona hoy a las economías brasileña y argentina. Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Evo Morales fue la nacionalización de estos recursos y el desarrollo de una fuerte política estatal en el sector. Parte importante de estas reservas se encuentran en el departamento de Santa Cruz, en el oriente boliviano, donde se concentra también el agronegocio –particularmente la soja. El gobierno de esta región y su Comité Cívico fueron la base de la oposición al gobierno de Morales y otro actor central de la desestabilización que precedió al golpe de estado.
Electo por primera vez en 2005 con más del 50% de los votos, el primer gobierno del presidente Evo Morales (2006-2010) nacionalizó los hidrocarburos y otros sectores económicos estratégicos, avanzó con la entrega de tierras, reformó la Constitución a través de una Asamblea Constituyente que sentó las bases del Estado Plurinacional y llevó adelante una política social que, a lo largo de sus mandatos, mejoró notablemente todos los indicadores sociales –como lo reconocen las instituciones internacionales- reduciendo significativamente la pobreza, el analfabetismo, las carencias sanitarias y extendiendo las expectativas de vida, entre otros aspectos.
Siendo un país con una significativa población indígena, para muchos mayoritaria, sin embargo, la clase gobernante en Bolivia provino en el pasado sobre todo de los grupos considerados “blancos”. Los pueblos originarios sufrieron históricamente sojuzgamiento, racismo y discriminación en los planos político, económico y social. El gobierno de Morales representó un cambio profundo de esta dominación colonial. Las acciones violentas y los discursos xenófobos sobre los pueblos indígenas, su cultura y sus símbolos que caracterizaron el proceso previo al golpe de estado y el actual del gobierno de facto muestran como el odio racial y el fascismo sustentaron y sustentan los ataques al MAS y su gobierno.
El gobierno de los EE. UU. fue uno de los primeros en reconocer y saludar a la nueva presidenta de facto Jeanine Añez, también ejerció presión sobre el gobierno mexicano primero y sobre el argentino después para restringir el asilo que ambos dieron al presidente Evo Morales y otrxs funcionarixs de su gobierno. Por otra parte, muchos analistas han denunciado y revelado evidencias de la participación del gobierno estadounidense en la preparación y consumación del golpe de estado, siendo que el gobierno de Morales puso fin a la política de erradicación forzada y militarizada de los cultivos de coca promovida por la DEA, expulsó a la USAID y denunció en foros internacionales la política injerencista estadounidense.
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